La Junta Directiva de Sintradian Hacienda Pública entregó un informe del desarrollo de las negociaciones de la Dian con las organizaciones sindicales. La mesa se suspende por falta de voluntad de la administración.
“La Dian ha decidido no negociar la estructura fundamental de la política de Sintradian Hacienda Pública en estos años: los puntos que tienen que ver con carrera, estructura de la entidad, salarios. La Dian se acoge a una recomendación del Departamento Administrativo de la Función Pública para negarse a incluir dentro del orden del día de la mesa estos puntos; lo que vuelve inviable darle un diálogo de forma abierta que permita llegar a acuerdos”, denunció Wilmer Esquivel, Secretario General de Sintradian.
Otro aspecto en diferencia fue la decisión de la dirección en continuar los procesos disciplinarios a trabajadores que participaron en las actividades de protesta del año anterior, durante los meses de mayo y junio. Sintradian calificó como “grave” esta serie de “maltratos”, pues la entidad podría presentarlos como obstrucción al servicio público de la Dian.
“En vista que no existen condiciones para la continuidad de nuestra presencia en la mesa, la Junta Directiva Nacional el día de hoy (22 de marzo), en cabeza de su presidente John Fredy Restrepo Toro, ha decidido suspender su participación de forma temporal, hasta que el director de la Dian de forma clara, expresa, precisa y por escrito dé información que permita entender que se efectuarán los cierres de los procesos disciplinarios”, planteó Esquivel.
La organización sindical cuenta con información que las actividades de protesta del año 2018 durante octubre y noviembre también serán reprimidas, a través de procesos disciplinarios por la entidad.
“Estos van en contravía de un acuerdo marco estatal de la negociaciones de los trabajadores estatales, donde afirma que no habrá represalias contra ningún miembro de una organización sindical que haya ejercido protesta en la búsqueda del cumplimiento de los acuerdos”, dice Esquivel.
Cabe mencionar que se está presentando una tendencia nacional a maltratar y acabar con las organizaciones de tipo sindical, a través de la criminalización de las acciones de protesta.